Los lumazos también son abortivos

Tal como el aroma del Rimula X usado para freír sopaipillas en invierno, el humo de las bombas lacrimógenas a estas alturas forma parte del patrimonio odorífero de cualquier ciudad chilena que se precie de importante. Sin embargo, y después de años de llorar y escupir por su uso y abuso, recién nos venimos a dar cuenta que ellas pueden ser potencialmente dañinas para la salud de la gente en general y de la población en estado fetal en particular. Gobiernos de todos los signos las han ocupado (a menos que estén ocupando una nueva fórmula, no se le puede echar la culpa de este cuento a la actual administración), y tras haberlas sufrido por décadas, se arma un apasionado debate no tan sólo sobre su posible potencial abortivo, sino también acerca de los laboratorios y métodos científicos utilizados para determinar dicho potencial. ¿A qué distancia medimos la exposición a los gases? ¿Por cuánto tiempo? ¿Hay bombas menos abortivas que otras? En lo personal, no necesito de mayores análisis químicos para saber que la mierda que esos cilindros metálicos llevan dentro es perjudicial para mi organismo; basta haber sentido el recorrido de ese gas picante por la nariz, garganta y pulmones para saber que algo de vida se pierde en cada una de esas involuntarias inhalaciones. Si a un adulto relativamente sano como yo le hacen daño, no quiero imaginar el efecto que pueden producir sobre un inocente e indefenso feto.

Dejémonos de dar vueltas: plantear la prohibición del uso de bombas lacrimógenas aduciendo su potencial abortivo es el equivalente urbano de juzgar a Pinochet o Al Capone por evasión de impuestos. Por lo demás, un buen lumazo[1] o el impacto directo del pestilente chorro de agua de un guanaco[2] o zorrillo[3] también pueden tener efectos nocivos sobre la salud de la futura madre que tiene la mala ocurrencia o desdicha de interponerse en su camino. Aun si se demostrara que los gases lacrimógenos son cien por ciento inocuos, creo absolutamente pertinente el cuestionarse su uso. En lo personal, lo que más detesto de ellos no es sólo que no hacen distinción alguna del destinatario al que van dirigidos, sino que en la práctica afectan especialmente a los más indefensos, aquéllos que usualmente tienen dificultades para abandonar el sitio de la refriega: los ancianos, los niños, las personas con discapacidad, y, claro, las embarazadas. No creo que tengamos que recurrir a consideraciones médicas ni recurrir a análisis químicos muy avanzados para tomar una decisión que antes que nada debe estar fundamentada en la idea que tenemos de orden público y las herramientas que creemos legítimas de utilizar para mantenerlo. Si vamos a prohibir el uso de gases lacrimógenos, que sea porque como sociedad creemos que hay maneras más civilizadas de mantener algo parecido a la paz en las calles durante la realización de legítimas expresiones de demanda ciudadana que tienen lugar en el espacio urbano.

El problema es que, para variar, creo que en este caso estamos eludiendo la discusión seria de varios temas de fondo (detesto a la gente que habla pomposa y pedantemente de “los temas de fondo”, pero qué le vamos a hacer). En primer lugar, y tal como lo expresé anteriormente, sería bueno que como sociedad –al menos nuestros representantes- pudiéramos debatir acerca de cuáles son los legítimos canales de participación y expresión ciudadana en la ciudad, y bajo qué condiciones y circunstancias estamos dispuestos a que se manifiesten. Reducir la democracia y la participación de la ciudadanía al ejercicio del voto (algo que gran parte de la clase política piensa y desea) equivale en la práctica a someter a la gente a un estado de sonambulismo cívico durante todo el tiempo que media entre elección y elección. La democracia se ejerce día a día, y la ciudad, la polis, es el escenario donde dicho ejercicio se desarrolla con mayor vigor. Un organizador de las recientes protestas contra la central hidroeléctrica de Hidroaysén señalaba que “la gente se ganó el derecho a tomarse la calle”, buena frase para la galería pero que tras un ligero análisis deja varias preguntas flotando en el aire. ¿Toda la gente se ganó ese derecho, y para cualquier tipo de manifestación? ¿Hasta dónde se extiende ese derecho? ¿Es legítimo que el derecho a reunión y expresión estén por sobre el también legítimo derecho de circular por la ciudad? A falta de diálogo, hasta el día de hoy estas preguntas han sido respondidas por el Ministro del Interior, el Intendente, y el Comandante en Jefe de Carabineros de turno. De su personal criterio (o falta de él) nace qué es válido o no de ser manifestado en nuestras calles, cómo, cuándo y dónde. También de su personal interpretación de lo que es el orden público han surgido las herramientas otorgadas a las fuerzas policiales para mantenerlo. Demasiadas responsabilidades, políticas y de seguridad ciudadana, para hacerlas recaer en la particular visión de tres personas que ni siquiera dan cuenta de sus actos ante la ciudadanía, ya que la permanencia en sus cargos depende directamente de la confianza que les tenga el Presidente de la República. Insisto, mi crítica no es contra el actual gobierno, sino contra un sistema que finalmente no ha sabido, o no ha querido, profundizar el debate acerca de la democracia y de las maneras que tiene la ciudadanía de ejercerla más allá del voto cada cuatro años.

¿Marchas autorizadas?

Tan sólo en el DF se producen alrededor de 1,700 manifestaciones públicas al año. Si se tratara de Santiago, con nuestros manifestantes, nuestros carabineros, y nuestras autoridades políticas, no quedaría piedra sobre piedra. Pero no es Santiago, sino la capital de México, un país extraordinariamente violento, que sin embargo cuenta con una ciudadanía que a la hora de manifestarse en las calles usualmente hace gala de un comportamiento ejemplar. No tienen idea de lo que es un guanaco o un zorrillo, y si hay que llorar lo hacen por un chile bien picante comido al pasar, y no por el penetrante aroma de las lacrimógenas, desconocido por estos parajes. Encapuchados aparecen muy de tarde en tarde, y ellos de bombas molotov sólo conocen la teoría. Está claro, en México se ha privilegiado el derecho de expresión (de libre pataleo si se quiere) por sobre el de circulación en la vía pública, y esto es correspondido con una conducta intachable por parte de los participantes, cosa que no hace más que invitar a más gente a unirse a las manifestaciones. Por eso ponen cara de incrédulos (¡no manches, güey!) cuando uno habla de marchas o concentraciones autorizadas, si en estos lados basta que dos personas tengan un motivo para estar descontentos para que inmediatamente se produzca la invasión del espacio vial sin mayor permiso policial o de gobierno. Usted me deja protestar, entonces yo me porto bien, parece ser el lema. El costo no es menor: el ya desquiciado tráfico de la ciudad se desquicia aún más, y las pérdidas económicas, especialmente para el comercio aledaño a los sitios de marcha o concentración, son cuantiosos.

Chile, un país considerado bastante tranquilo para los estándares latinoamericanos, muestra el otro lado de la medalla. No hay marcha o protesta que no termine con los datos estadísticos acostumbrados: número de detenidos, número de heridos, gravedad de los heridos, pérdidas por daños a la propiedad pública y privada. ¿Mala conducta de manifestantes que no saben comportarse a la altura de las circunstancias, o escasa tolerancia por parte de las autoridades? En México, las reglas del juego –buenas o malas- están claras y son aceptadas por todos los participantes; en Chile son particularmente difusas, dando amplio margen para la interpretación de personas que están dispuestas a todo menos a ponerse en los zapatos del otro.

No tengo la respuesta a las preguntas que he formulado, pero veo con preocupación que la oportunidad para iniciar un diálogo sobre manifestación ciudadana, uso del espacio urbano y orden público está siendo desaprovechada una vez más. El gobierno anunció la supresión del uso de bombas lacrimógenas para a los tres días revocar esta decisión; desde la distancia tengo entendido que se están utilizando igual que antes, cuando nadie imaginaba que eran potencialmente abortivos. Por su parte, la sociedad civil tampoco ha sido capaz de aislar a los tontos de siempre que entienden las calles como campo de batalla y que se sienten insatisfechos si no vacian el inventario incendiario o contundente con que llenan sus mochilas en cada jornada de protesta. Diálogo a las patadas, conversación a piedrazos, los chilenos sabemos apropiarnos educadamente del espacio público de manera individual, pero colectivamente algo pasa que generalmente se produce un cortocircuito que hace que la idea de la calle como lugar esencial de manifestación política civilizada no sea más que puro mito.

Palabras al cierre

¿Será la ausencia de carnaval?


[1] Lumazo: golpe dado con bastón policial, hecho de madera de luma, particularmente dura

[2] Guanaco: carro lanza aguas tamaño XL, lento y torpe, pero de alto poder

[3] Zorrillo: carro lanza aguas de formato pequeño, altamente maniobrable

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