Defensa de un ex violador de los derechos humanos

Shack

Hace poco me enteré que en el pasado violé flagrantemente los derechos humanos. Así es, y todo a raíz de las palabras del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del D.F. (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza, quien señaló que los programas de vivienda de interés social atentan gravemente contra las garantías individuales de los más pobres al entregarles casas que no superan los 35 metros cuadrados.¹

Pues bien, resulta que durante más de tres años trabajé en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de mi país, Chile, dirigiendo proyectos habitacionales orientados a familias residentes en asentamientos irregulares en Santiago. La gran mayoría de éstos contemplaba viviendas que ni siquiera superaban los 30 metros cuadrados, lo que de acuerdo a los juicios del Presidente del CDHDF me convertirían técnicamente en un violador a los derechos humanos. Como esta caracterización me desagrada profundamente (en mi país dimos origen a ilustres ejemplares a cuyo lado no quiero estar), me gustaría presentar mis descargos, los que espero sean tenidos en cuenta para absolverme de tan agraviante acusación.

a)      Por supuesto no puedo sentirme orgulloso de haber entregado casas de míseros 26 metros cuadrados (sí, ése era el tamaño mínimo algunos años atrás), pero quiero que quede constancia que hice todo lo posible para maximizar el uso de los escuálidos recursos disponibles. En este sentido, es bueno recordar que en países como los nuestros las políticas de vivienda siempre enfrentan la disyuntiva de elegir entre cantidad o calidad. Siempre el ideal va a ser entregar más y mejores viviendas, pero como los recursos públicos no son infinitos, una decisión así implica necesariamente que otras áreas, como educación, salud o transporte se vean afectadas por un aumento en los fondos destinados al sector vivienda. Ante un panorama así, la mayoría de los expertos prefiere ampliar la cobertura, aunque esto signifique sacrificar en parte la superficie y calidad de lo construido. Una decisión en otra dirección genera un crecimiento del déficit habitacional, traducido generalmente en un aumento explosivo de los asentamientos irregulares, cuya regularización o erradicación a la larga siempre va a ser tremendamente cara y compleja. En el caso de Santiago, la política de vivienda adoptada se tradujo en que hoy en día las familias que habitan en asentamientos irregulares no superen las 5.000 (todavía una gran vergüenza), mientras que prácticamente el 100% de la población urbana tenga dotación de agua potable y alcantarillado en su hogar.

b)      Nunca mentí ni me engañé respecto a lo que se estaba entregando. Pensar que en 26 metros cuadrados se puede construir una vivienda digna para familias numerosas no es solamente una ilusión, sino también una falta de respeto para todos aquellos que van a habitar ese espacio. Por eso mismo es que estas casas se deben plantear como una primera etapa fácilmente ampliable, en la cual el Estado provee aquellos recintos, como baño y cocina, cuya correcta ejecución resulta más difícil para las familias de escasos recursos. Un buen proyecto arquitectónico considera a estas viviendas como embriones de una casa definitiva, proveyendo el soporte estructural para una rápida y fácil ampliación.

c)      Casi más importante que el diseño o tamaño de la vivienda es su plan de financiamiento. Tanto en mi país como en otros latinoamericanos, como Colombia y Costa Rica, se ha establecido un sistema de subsidio a la demanda enfocado en los sectores más pobres de la sociedad, el cual permite que la ayuda financiera la reciba quien realmente la necesita. En el caso chileno, quienes se encuentran en el decil más pobre de la población reciben un subsidio que llega casi al 98% del costo total de la vivienda. El aporte de los beneficiarios (alrededor de 350 dólares) se hace a manera de un pago único e inicial, lo que en otras palabras significa que las familias no deben pagar ningún tipo de cuota mensual o anual una vez recibida esta vivienda mínima.

La experiencia internacional indica que en proyectos de este tipo el porcentaje de recuperación de lo invertido es bastante bajo, ya que la gente usualmente deja de pagar a los pocos meses de haber recibido sus viviendas, no tanto por lo alto de los pagos sino más bien por la típica inestabilidad económica de estos grupos, cuyos integrantes muchas veces no perciben un ingreso fijo mensual. El darles un alto subsidio inicial les deja el camino libre para hacer las ampliaciones y mejoras necesarias de acuerdo a sus posibilidades, sin amarrarlos al pago periódico de un crédito que al final termina convirtiéndose en una camisa de fuerza que les coarta su desarrollo económico.

d)      Finalmente, y de manera concordante con lo anteriormente dicho, me gustaría declarar que la gran mayoría de las familias que recibieron estas viviendas mínimas pudieron ampliarse en un plazo bastante breve. Así, los 26 metros cuadrados iniciales se transformaron rápidamente en 75 o más, los que me imagino ya no constituyen violación de las garantías individuales consagradas en la Constitución y tratados internacionales firmados por el país. Baste ver la exitosa experiencia de los proyectos Elemental, desarrollados por arquitectos de la Universidad Católica de Chile, para darse cuenta que lo que sostengo es cierto

No es mi intención hacer una elegía del sistema chileno de vivienda, no exento de graves problemas, ni proponerlo como una panacea que pueda resolver los déficits habitacionales del resto de Latinoamérica. En este sentido, siempre he creído que las fórmulas no son directamente extrapolables de una realidad a otra, y que cada país debe encontrar la manera que mejor se adecue para resolver sus necesidades de acuerdo a sus propias características. Es decir, lo que funciona bien en Chile puede ser un fracaso rotundo en México y viceversa.

No obstante lo anteriormente dicho, y haciéndome eco de lo señalado por el Presidente de la CDHDF, creo que la verdadera violación a los derechos humanos no está tanto en la magra superficie de las viviendas entregadas, sino en las condiciones establecidas para poder ser beneficiario de las políticas de vivienda de la ciudad, que discriminan a un gran sector de la población que sencillamente no puede acreditar ni garantizar un ingreso de 5 salarios mínimos, que es el umbral para acceder al más sencillo de los programas de vivienda.

Una política habitacional que respete los derechos humanos debiera estar orientada a aquellos sectores que representan la pobreza más dura y que en la actualidad no son sujetos de crédito. Una adecuada focalización de los recursos en estas personas sumada a la implementación de programas de vivienda flexibles sin duda les dará mejores herramientas para romper el círculo de la pobreza. Si los recursos disponibles alcanzan para brindarles un pequeño pie de casa de 35 metros cuadrados, hay que procurar que esta superficie sea utilizada de la manera más eficiente posible, ofreciendo toda clase de facilidades técnicas y financieras para la rápida ampliación. Peor sería no darles nada con el pretexto de construir viviendas más grandes y con un mayor estándar de calidad pero para menos gente. Eso sería el mejor de los incentivos para continuar con el crecimiento irregular que tanto daño ha causado a la ciudad.

Construir más y mejores y viviendas siempre ha sido el deseo de todas las autoridades encargadas de diseñar políticas habitacionales. Sin embargo, nunca hay que perder de vista que pedir mayores superficies o mejores estándares de calidad siempre tendrá un costo que alguien tarde o temprano tendrá que pagar. Vistas así las cosas, lo que hay que hacer es definir como sociedad cuál va a ser la real prioridad del tema vivienda en comparación con otros sectores, para así poder definir rangos de producción y estándares realistas. Una vez hecho esto se podrá encontrar el justo equilibrio que permita maximizar los recursos disponibles para poder terminar de una vez por todas con la vergüenza de la marginalidad habitacional, la gran violación a los derechos humanos de nuestras ciudades en el día de hoy.


 ¹Reforma, 2 de octubre de 2008

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