Tenían que morir 81

Cárcel, Giovanni Battista Piranesi

Tienen que morir 81 personas para que los chilenos nos demos cuenta que las condiciones físicas de gran parte de nuestro sistema carcelario son infames, condenando a sus usuarios a un nivel de vida infrahumano que en ningún momento constituyó parte de la pena que les fue impuesta. No bastaron los innumerables reportajes periodísticos que mostraban a ocho, diez, doce durmiendo en un inmundo lugar originalmente construido para dos, ni las estadísticas públicamente conocidas que señalan que el hacinamiento en gran parte de los penales del país sobrepasa el 200 por ciento, ni los informes de distintas oenegés y organismos de derechos humanos que no dudaban en calificar la situación carcelaria del país como catastrófica. Ya en 1925 Joaquín Edwards Bello apuntaba que las condiciones de las cárceles chilenas no se detallaban en la prensa porque los lectores sencillamente no lo soportarían. Visité un par de ellas con motivo de mi proyecto de título y todavía tengo grabado en la retina y la nariz el miserable ambiente que allí se puede ver y respirar. El olor a basura y mierda mezclado con las imágenes de tipos apiñados en espacios insalubres todavía permanece en mi memoria.

La mesa estaba servida para que se produjera una catástrofe como la de San Miguel: presencia de combustibles en las celdas, materiales altamente inflamables, y la inexistencia de detectores de humo, alarmas y planes efectivos de evacuación para una población que dadas sus características no puede ser sacada así como así a la calle. Si a eso sumamos la sobrepoblación de los espacios, no quedaba otra que esperar que tarde o temprano se produjera la tragedia.

Durante el gobierno de Ricardo Lagos se dio un gran impulso a la construcción de nuevos penales, mejor equipados, más seguros y capaces de otorgar condiciones de habitación más dignas a una población penal que a la fecha había crecido de manera mucho más rápida que la infraestructura disponible para atenderla, que en algunos casos había sido levantada hace más de 150 años, como es el triste caso de la Penitenciaría de Santiago. Sin embargo, las cárceles concesionadas no han sido construidas con la rapidez requerida, y en la actualidad sólo atienden a menos de un tercio de los más de 50 mil presos chilenos. La razón del rezago es más o menos universal: a la gran mayoría de los contribuyentes no le gusta saber que sus impuestos se destinan a mejorar la calidad de vida de quienes fueron condenados por la justicia; tampoco hay gobiernos o políticos que hagan de esta causa una bandera. En campañas sólo se escucha la promesa de meter más gente adentro por períodos cada vez más largos, pero nadie se hace cargo de los costos de esta política. Para los majaderos que hablan de la puerta giratoria, es bueno saber que uno de cada 330 chilenos se encuentra tras las rejas, que eso es un estándar altísimo para cualquier país que no se llame Estados Unidos, que la cantidad de gente encarcelada ha crecido a un ritmo superior al 5 por ciento anual, y que por lo tanto es necesario tener una política de infraestructura penal acorde con esta realidad. Ello no implica solamente hacer más cárceles, sino que además éstas sean más especializadas, especialmente concebidas para tratar a una población penal de creciente complejidad (dada la larga duración de las condenas, en Estados Unidos se ha hecho necesario construir cárceles-geriátricos para presos cada vez más ancianos). Reducir el tamaño de los recintos es una buena estrategia; de hecho, y al menos en la época en que yo hice mi proyecto de título, 10 años atrás, se recomendaba que no albergaran a más de 600 internos debidamente segregados, lo que permite un mejor control y facilita la realización de planes de reinserción social al interior de los muros.

No, no voy a andar abogando por la abolición del actual sistema penal; con todas sus deficiencias, inherentes al hecho de recluir a un grupo de personas en condiciones de confinamiento, éste debe seguir existiendo. Sin embargo, y por deleznables que hayan sido los crímenes cometidos por quienes se encuentran en prisión, esto no puede significar la privación absoluta de sus derechos más básicos. El año pasado fueron diez los que murieron en otro incendio en Colina II; a mi mente viene otro par de episodios similares ocurridos en cárceles de menores, con un número superior a la decena de víctimas fatales en cada uno de ellos. Después de cada uno de ellos se habló de terminar de raíz con el problema, y allí todavía estamos, saturando un sistema que nació colapsado. ¿Es necesario que todos los 50 mil estén adentro? ¿No es posible masificar un sistema de penas alternativo? Independiente de la respuesta, sólo queda esperar que esta sí sea la oportunidad en que la sociedad chilena pueda pensar con seriedad el modelo carcelario que desea, que de todas maneras pasa por dotar de un mínimo de dignidad a los espacios donde las penas deben ser cumplidas.

2 Comentarios en Tenían que morir 81

  1. Que buen artículo. Felicitaciones

  2. MI proyecto de título también se basó en esta posible “reforma carcelaria” a partir de habitabilidad de los espacios propios de un plantel penitenciario, pero es bastante más complejo que eso, la resiliencia del factor humano en este punto es primordial y eso se consigue únicamente con la política de la confianza, ahí es donde el diseño aporta al buen desarrollo de las practicas reformativas.

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